En relación al ajuste tarifario autorizado por el Instituto Nicaragüense de Energía INE para el servicio de energía eléctrica, por un monto equivalente al 41.8% la Red nacional de Defensa de los Consumidores comunica:
1. El costo de los insumos de generación de energía y los costos de distribución tienen un efecto neutro para los primeros actores de la cadena de valor del servicio. Es decir, que los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización no son asumidos por ninguno de los agentes económicos a cargo de cada una de estas actividades, sino que son asumidos por el consumidor final en su factura.
2. En Nicaragua se hacen grandes esfuerzos por un cambio gradual de la matriz energética, mientras este objetivo no se logre, los Consumidores seguirán siendo víctimas de prácticas especulativas del precio del bunker a nivel internacional. Además de la sospechosa falta de coherencia por parte del Poder Legislativo, que establece como referencia el precio de los hidrocarburos de Texas y no el reflejado por Venezuela, el mayor proveedor de estos insumos a Nicaragua.
3. El Estado está en la obligación de actuar pertinentemente ante cualquier amenaza económica del mercado que pueda atentar contra los Consumidores de forma directa o indirecta, a través del aumento de precios de bienes y servicios en general. En este sentido es legítimo cualquier esfuerzo dirigido a mitigar las nefastas consecuencias de una descontrolada alza en los precios.
4. En el entendido que la generación de energía depende en un alto e indeseable porcentaje de los hidrocarburos, el precio de referencia establecido por el Estado en el último ajuste tarifario es inferior a los 70 dólares por barril. Este ha experimentado una significativa alza que incrementa los costos de generación que son asumidos por los Consumidores.
5. La empresa distribuidora del servicio de energía eléctrica aduce tener pérdidas millonarias en concepto de fraude, sin embargo el financiamiento por más de 107 millones de dólares será utilizado para pagar la factura total de energía generada. Es por ello que no queda claro por qué la empresa recibirá fondos para pagar el total de energía generada cuando recuperan un promedio de 89 millones de córdobas mensuales de quienes se encuentran en una situación anómala.
6. La empresa distribuidora del servicio de energía eléctrica es una empresa mixta por ser el 16% de las acciones propiedad del Estado, en ese sentido hacemos un llamado a la Contraloría General de la República para que fiscalice el oscuro manejo que hace la empresa de los fondos facilitados para pagar desvíos tarifarios en contraposición a dinero que reciben en concepto de recuperación por fraude aun cuando los fraudes se reflejan como pérdidas.
7. Denunciamos el irresponsable comportamiento de la empresa de energía eléctrica por el incremento de denuncias recibidas en concepto de alta e injustificada facturación en perjuicio de los Consumidores, además de implementar acciones tendentes a coartar el derecho de los Consumidores a presentar reclamos mediante la clausura de sucursales en distintos puntos del país.
8. Se debe evaluar de manera profunda e imparcial el desempeño de la empresa distribuidora así como la viabilidad de seguirle permitiendo gozar de la concesión ilegítimamente otorgada por el Estado para la distribución del servicio público de las y los nicaragüenses.
Managua 16 de junio de 2011
Red Nacional de Defensa de los Consumidores.
